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CCE CONTRA REFORMA ELÉCTRICA PERO A FAVOR DE FORTALECER CFE



Tlaxcala, miércoles 2 de febrero del 2022 (INFORTLAX) En el marco del Parlamento Abierto sobre la Iniciativa de Reforma Eléctrica, convocado por el Congreso de la Unión, se llevó a cabo el décimo foro titulado “Impactos económicos y financieros para la CFE y la hacienda pública de las reformas eléctricas y su sostenibilidad”, que contó con la participación del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, quien se pronunció a favor de un debate pedagógico y responsable que permita comprender y dimensionar las necesidades y capacidades del sistema eléctrico mexicano, y hacer de él uno más competitivo, generador de empleos y bienestar para las y los mexicanos.


Durante su intervención, señaló que en los últimos 30 años el modelo eléctrico ha evolucionado para lograr cuatro objetivos prioritarios para nuestro país: dinamismo económico, finanzas públicas sanas que favorezcan los objetivos sociales, sustentabilidad ambiental e integración global.


Objetivos en los que la participación de los privados ha logrado avances incuestionables-en sus distintos esquemas y siempre bajo la rectoría del Estado mexicano-, tales como: un suministro eléctrico más competitivo; optimización de los recursos presupuestarios, incluyendo el fortalecimiento financiero de la CFE; acelerar la transición hacia fuentes de energía limpias; y lograr los flujos de inversión extranjera en infraestructura eléctrica más altos de la historia.


Por el contrario, la propuesta de reforma constitucional que promueve la Comisión Federal de Electricidad (CFE), implicaría regresar a México a un modelo que ya está rebasado en todo sentido, pues no toma en cuenta que la población mexicana casi se ha triplicado en las últimas décadas y la economía ha crecido al menos ocho veces, por lo que el consumo eléctrico ha aumentado exponencialmente, además de que el cambio climático nos obliga a incrementar la producción de energías limpias para mitigar sus consecuencias.


De manera que, el representante del sector empresarial destacó, “todos queremos que le vaya bien a México, queremos que el gobierno tenga los suficientes recursos para los programas sociales y que todos los mexicanos tengan acceso a suficiente energía barata y limpia, queremos una Comisión Federal de Electricidad fuerte, vigorosa, eficiente, productiva y competitiva, pero esta propuesta de reforma no logra lo que el presidente quiere para México y los mexicanos”.

Asimismo, negó que la existencia de la CFE esté en riesgo, pues así lo demuestran sus resultados financieros, los números y las proporciones. Detalló que el mercado eléctrico tiene tres grandes fases: generación, transmisión y distribución, destacando que, hasta ahora, el debate sólo ha girado en torno a la fase de generación; en tanto la transmisión y la distribución -que son clave para impactar el costo del servicio eléctrico a la población y a las PYMES- siguen siendo monopolio del Estado y requieren de altísimas inversiones, rubros en los que desgraciadamente nuestro gobierno no ha invertido en los últimos años.


En este sentido, el presidente del CCE aseguró que la CFE no ha ampliado la red de transmisión de manera importante, a pesar de que, por ejemplo, sólo en el año 2021 se recaudaron alrededor de 46 mil millones de pesos de la tarifa de transmisión.

Esto, sin contar las aportaciones a título gratuito que realizan los interesados en integrar nuevos proyectos de generación o de consumo al sistema eléctrico.


Carlos Salazar reiteró que “el sector privado está comprometido con México y con asegurar que las y los mexicanos tengamos suficiente energía barata y limpia.


Hay más de 150 proyectos a futuro que equivalen a más de 40 mil millones de dólares de inversión que están ahora detenidos, y que el país necesita. Si hay más oferta de energía, bajará el precio, es un principio económico básico”, e insistió en que invertir en transmisión y en distribución permitirá disminuir los altos precios de electricidad en ciertas zonas y disminuir los subsidios que el Estado otorga al suministro básico.


Finalmente, desmintió que las empresas hayan operado ilegalmente, como han afirmado algunos actores en este debate, y sostuvo categóricamente “que se castigue a quien haya violado la ley.


No se requiere una reforma constitucional para aplicar la ley.


Un sistema eléctrico eficiente, que combine bien la rectoría del Estado con el mercado y la inversión privada, requiere de una regulación firme, pero justa e independiente, que impida abusos y resarza pérdidas injustificadas a los participantes”.

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